Revista Almaceite

Pese a compartir diferentes foros y asociaciones en común, entre ellas la Interprofesional del Aceite de Oliva, los actores principales del mercado español han mostrado en público sus grandes diferencias sobre la forma de poner en marcha una certificación de calidad que autorregule el sector. Y entre otras cuestiones no menores, si dicha certificación exigiría unos niveles de acidez para los virgen extra por debajo del 0,8% de la normativa actual, como se está promoviendo en Italia.

Anierac y Asoliva por un lado –que concentran a las grandes envasadoras y a algunas cooperativas por un lado– y la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero por otro –con mucho peso del sector cooperativo productor y bajo la presidencia del director general de Dcoop–, no se ponen de acuerdo en cómo debe articularse dicha norma. Y  si debe ser de obligado cumplimiento –a través del propio Ministerio de Agricultura o de la Interprofesional– o solo voluntaria para las empresas y cooperativas que quieran adherise.  Sobre el proyecto que lidera la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, algunos destacados grupos envasadores, como Deoleo o IFFCO Iberia, también se han mostrado públicamente a favor. 

Las discrepancias vienen ya de los últimos meses del año 2021 cuando la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero aprobó a finales de noviembre el proyecto de esta certificación voluntaria, con 23 votos favorables de sus miembros y la negativa de otros cinco, entre ellos Anierac y Asoliva.

Según ha destacado Iñaki Benito, director general de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, “esta certificación se sustenta sobre dos pilares: el control de los procesos industriales y el refuerzo de la calidad del producto, de tal forma que sea un sistema robusto que exigimos a las empresas que quieran certificarse”. Los que quisieran adherirse a dicha certificación, se comprometen a abrir abiertas sus instalaciones en todo momento para poder ser sometidos a auditorías independientes. También está previsto que para el aceite de oliva virgen extra se exigirá que el nivel de acidez no sobrepase el 0,4, en vez del 0,8 que marca la normativa de la Unión Europea”. La idea es que en estas semanas se comiencen a realizar auditorías piloto para su puesta en marcha.

Al respecto, Antonio Luque, presidente del mayor grupo productor español, Dcoop, que apoya la certificación auspiciada desde la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, aseguraba hace unos días que «con la certificación habrá un producto controlado desde el origen, con trazabilidad absoluta y perfectamente comprobada. Se trata de una garantía superior a la de cualquier producto no certificado. Lo ideal es que lo hicieran prácticamente todas las empresas, que el Ministerio de Agricultura lo adoptara como norma oficial y todo el aceite español llevaría una calidad absoluta”.

Mientras, Anierac (que preside el CEO de Acesur-Coosur) y Asoliva (que preside el director general de MIGASA), emitían un comunicado la semana pasada para defender un “sistema de certificación de calidad único”, pero de carácter obligatorio, no voluntario, y tutelado bajo la batuta de la Administración de España. Anierac y Asoliva no secundaron en su día la propuesta de esta Fundación al considerar que no es suficientemente atrevida y que, al no ser de carácter obligatorio, podría generar dificultades y desigualdades en el mercado nacional, ya que no todas las marcas competirían en igualdad de condiciones en los lineales. 

Según Anierac y Asoliva, “la industria ha venido defendiendo la necesidad de modificar la normativa actual haciéndola más restrictiva para blindar la reputación del sector del aceite de oliva en España, velar por la transparencia y calidad de toda la cadena de suministro y dar seguridad jurídica a las empresas. De hecho, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas tienen sobre la mesa desde hace ya algún tiempo un proyecto de sistema de autocontrol reforzado, mucho más exigente que el que ahora se propone, que ha sido impulsado por la Interprofesional del Aceite de Oliva, a iniciativa de las asociaciones de envasadores y exportadores del sector”.

Anierac y Asoliva mantienen que “seguirán participando en el impulso de este nuevo sello de calidad y apoyarán su desarrollo futuro, si bien enienden que es un proyecto que debe de ser tutelado directamente por la Administración y no quedar bajo la batuta de una organización privada que aparentemente no reconoce la representatividad de las asociaciones de la industria y que, con el propósito de dejar en evidencia a los que no se adhieran a su propuesta, está sembrando dudas sobre la honorabilidad y honestidad de un sector del que viven miles de agricultores”.

Mientras, desde el Ministerio de Agricultura se insiste en que el sector dispone de una importante herramienta en la nueva Norma de Calidad del Aceite de Oliva y de Orujo de Oliva, aprobada como Real Decreto el 31 de agosto pasado.

Entidades como QV Extra!, que agrupan a distintas almazaras privadas y cooperativas, ya cuentan desde hace años con sellos de calidad propios, como SIQEV. La Asociación garantiza el correcto uso del SIQEV mediante controles aleatorios en origen y punto de venta. Controles que, para ofrecer las mayores garantías, se realizan mediante la subcontratación de un tercero especializado en la toma de muestras y gestión de las mismas.

Se lleva a cabo al menos la toma de una muestra al año por marca, y los análisis, cuyos parámetros veremos próximamente, se realizan en laboratorios que cumplan con la norma ISO 17025.