El pasado 9 de marzo, la Dirección de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES) anunciaba que había intervenido varias partidas de unos 10.000 litros de aceite de oliva en varias localidades de la región ante la denuncia recibida por varios consumidores sobre su olor, olor y color. Los veterinarios y farmacéuticos del SES personaron de manera inmediata en los establecimientos minoristas donde se adquirieron, comprobando importantes deficiencias en el etiquetado y trazabilidad del producto.
Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) se recibió una alerta alimentaria a instancias de las autoridades sanitarias de Andalucía donde se especifica que empresas sin número de registro sanitario y, por tanto, fuera de control oficial, está envasando aceite y distribuyéndolo en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Lo que parecía en principio un pequeño caso de fraude en el etiquetado de una partida ha acabado involucrando hasta la fecha a 13 marcas comercializadoras de Andalucía -ninguna de Extremadura- y a un volumen ya inmovilizado de 20.000 litros, unas 4.000 garrafas de cinco litros.
Y lo que es peor, con sospechas fundadas en los primeros análisis que en alguna de las marcas el contenido incluía aceites de oliva lampantes mezclado con virgen, lo que convertiría el caso no solo en fraude alimentario sino en un delito contra la salud pública. El consejero de Salud de Extremadura y Vicepresidente de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, aseguró la semana pasada que no había habido ningún ingreso ni atención hospitalaria por el caso.
El modus operandi de la mayoría de las 13 marcas de aceites de oliva andaluzas inmovilizadas hasta la fecha era similar: la mayoría procedían de municipios de la provincia de Sevilla, eran comercializadoras o distribuidoras de aceites pero no productoras ni almazaras salvo algún caso aislado; había sido creadas hace no más de tres o cuatro años y utilizaban nombres muy sonoros, rimbombantes y asociados al Sur como Imperio Andaluz, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía o Don Jaén Aceite 2019. Y sobre todo la que las identificaba era su estrategia comercial similar: distribuían el aceite en mercadillos ambulantes -muy activos en los pueblos de la provincia de Badajoz- gasolineras y pequeñas tiendas de alimentación de barrio. Siempre ha precios sensiblemente más baratos que los que se pudieran encontrar en las almazaras de esos mismos municipios o de conocidas marcas en los supermercados extremeños. Las dos últimas marcas inmovilizadas según el SES han sido Los Milagros y Almazara Fernández.
Muy disgustados por lo ocurrido son los industriales almazareros de Extremadura que no quiere que se asocie lo ocurrido con el aceite extremeño, sin tener nada que ver. Aurelio Juzgado, presidente de AFAVEX, la Asociación de Fabricantes de Aceites de Oliva de Extremadura, que integra a 36 almazaras, se muestra preocupado por la imagen que puede tener para el sector extremeño sobre todo fuera de la región la incautación de aceites de oliva fraudulentos de marcas de fuera de Extremadura acontecida a primeros de marzo. «Ninguna de las marcas afectadas eran extremeñas ni el aceite procedía de aquí. El cliente tiene la máxima garantía de la trazabilidad total del producto y de las garantías analíticas de los aceites que proceden de almazaras extremeñas. No podemos pagar justos por pecadores cuando el sector extremeño cumple siempre con todas las normas. El cliente puede comprar en las almazaras extremeñas aceites de oliva con total tranquilidad».
Hay que recordar que la Guardia Civil ya se incautó en enero de 2022, hace poco más de un año, de 50.000 litros de aceite no apto para el consumo que se embotellaba y etiquetaba sin control sanitario bajo una denominación de origen protegida en la provincia de Sevilla.
Revista Almaceite 