Revista Almaceite

Entrevista con
Belén Luque
Presidenta de ACORA, la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba

Las dos últimas campañas han sido complicadas para las almazaras industriales. ¿Qué lecciones se pueden aprender?

Han sido dos campañas muy complejas para las almazaras industriales, pero en estas coyunturas complejas es cuando tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y aprender. La primera lección nos la ha dado el consumidor: a pesar de la subida de precios no ha querido prescindir del AOVE, nunca imaginamos que las salidas de aceite se iban a mantener a estos niveles con unos precios nunca conocidos en el sector. El agricultor también se ha tenido que adaptar a dos cosechas por debajo del 50% de la producción. Las almazaras hemos constatado lo difícil que es trabajar con fluctuaciones tan grandes en el precio y tan rápidas en el tiempo.

¿La fuerte subida de los precios del aceite de oliva en origen ha supuesto más problemas que beneficios para la actividad de las almazaras?

Nosotros transmitimos estas fluctuaciones de precios a nuestros agricultores, por lo que las almazaras no somos los principales beneficiados con las subidas de precios. Es cierto que cuando el precio está alto, es porque la cosecha ha sido baja. En estos dos años muchas almazaras hemos estado a menos del 50% de nuestra capacidad debido a la escasez de aceitunas, sin embargo la reducción de costes no ha sido proporcional, con lo que el coste por cada kg de aceituna molturada ha subido considerablemente. Esta situación nos ha perjudicado gravemente puesto que las almazaras hemos tenido que hacer frente a unos costes fijos en los que la partida de personal juega un papel muy importante, con la mitad de la producción.

Eficiencia energética y digitalización son dos áreas con mucho impacto. ¿Cómo se está afrontando desde ACORA?

Son dos aspectos que desde la Asociación se llevan acometiendo desde hace ya varios años, debido al elevado impacto de ambos aspectos en la cuenta de resultados de la almazara. Con unos márgenes tan justos, las almazaras deben de ser más eficientes en sus costes de producción, y esto lo conseguimos a través de la eficiencia energética, por un lado, y a través de la digitalización, por otro, al margen de otras actuaciones vinculadas a la actividad. En relación a la eficiencia energética, las almazaras industriales hemos realizado una fuerte inversión en equipos más eficientes desde el punto de vista energético, que nos han permitido reducir los consumos de recursos naturales, como energía eléctrica, agua o biocombustibles, en el proceso productivo.

Asimismo, hemos invertido en energía renovables que, junto con la inversión en equipos más eficientes desde el punto de vista energético, nos han permitido reducir el impacto de la actividad en el medio ambiente. Por otro lado, la implantación de técnicas de digitalización, ha supuesto una auténtica revolución en el proceso productivo, permitiendo una considerable mejora en los tiempos de proceso, control de variables externas como la temperatura o la optimización del uso de agua.

¿Qué se demanda a las instituciones públicas desde las almazaras industriales?

Nuestra carta de peticiones es extensa y abultada, pero existen dos aspectos fundamentales. La reducción de la carga administrativa de las almazaras industriales, ya que ésta se ha multiplicado por 3 en los últimos años. Son tremendos los requisitos administrativos relacionados con la formalización de contratos alimentarios, acrecentados por la reciente novedad de obligado cumplimiento, de tener que registrar dichos contratos en una plataforma, con carácter previo a la entrega de producto por parte del agricultor.

 Por otro lado, otra reivindicación de nuestra Asociación trata de conseguir la igualdad de trato aplicada a operadores que realizan la misma función, no sólo en la cadena de producción, sino también en su zona de influencia a través de la creación de puestos de trabajo, generando riqueza en las zonas rurales y, por tanto, facilitando la fijación de la población en el territorio.

La aplicación por parte de la Administración de criterios distintos, tanto para la concesión de subvenciones, como para la aplicación de normas de obligado cumplimiento, genera una brecha económica y social difícil de superar.