Con los precios estancados o en caída en el umbral de los 3 euros/kilo tras los datos del aforo, y una diferenciación mínima de precios entre los virgen extra y los lampantes, el sector productor y cooperativo de olivar ha redoblado sus llamamientos ante el Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas para que ponga en marcha de forma inmediata la norma de comercialización de la campaña 2026/2027 que ya ha comenzado. Con el horizonte de las elecciones generales del próximo 29 de Noviembre de trasfondo donde el voto rural y agrario será decisivo en muchas circunscripciones electorales.
Según el sector productor, que ha visto las orejas al lobo en la campaña de aceituna de mesa con las cotizaciones pagadas y en las primeras operaciones con aceites de oliva virgen extra de Portugal de cosecha temprana, “los datos de disponibilidad de aceite para la campaña 2026/27 se sitúan con total seguridad por encima de los 2.175.000 toneladas una vez publicados los datos finales de la campaña 2025/26, una cifra que justifica la puesta en marcha de la medida”.
Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España, no entienden la falta de diligencia por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la publicación urgente de la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/27, que establece las normas básicas para la aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) nº 1308/2013.
Las cuatro organizaciones consideran injustificable la falta de celeridad del Ministerio en un contexto de caída continuada de los precios en origen, con cotizaciones por debajo de los costes de producción. Con las condiciones para su aplicación ya definidas, no entienden que se retrase la puesta en marcha de la única herramienta disponible para regular la oferta, estabilizar el mercado y frenar el descenso de los precios.
Además, insisten en la inseguridad jurídica que está generando este retraso, cuando ya se están produciendo los primeros aceites de la nueva campaña, cada vez con mayor volumen, y se desconoce cómo se verán afectados por la norma una vez publicada.
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias tampoco comparten la posición contraria de las asociaciones de industriales y exportadores a la aplicación de la medida. Recuerdan que la disponibilidad de aceite está totalmente garantizada, muy por encima de los niveles históricos de comercialización, por lo que su aplicación no compromete el abastecimiento del mercado y la calidad producto, y es el único balón de oxígeno para los productores y cooperativas para procurar la rentabilidad de sus explotaciones.
El único objetivo que avala tal planteamiento de industriales y exportadores es la de comprar lo más barato posible y presionar los precios a la baja, aun cuando esto se produzca a costa de los agricultores que se ven obligados a vender su producción a pérdidas al precio actual por debajo de 3,20 € el aceite virgen extra y 2,90 € el lampante, especialmente en los secanos que suponen el 70% de la superficie de olivar para aceite.
Según el sector productor y cooperativo, “queremos volver a hacer hincapié en que el establecimiento de normas de comercialización para mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado de aceite de oliva se encuentra recogida en el Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, avaladas por la Dirección General de Agricultura y la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, y reguladas en España a través del Real Decreto 84/2011 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”.
Las organizaciones agrarias y cooperativas ya han trasladado al ministro de Agricultura un documento con las medidas necesarias para valorizar nuestro aceite de oliva y mejorar la competitividad de nuestro sector, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.
“Por tanto, insistimos en volver a solicitar al Ministro Luis Planas que promueva directamente la publicación inmediata de la Orden Ministerial y la Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. El retraso agrava la situación de un sector en el que España es líder mundial en producción y comercialización y que resulta fundamental para la actividad económica, el empleo y el mantenimiento en la práctica totalidad de las zonas rurales de nuestro país”, aseguran en el segundo documento que han coordinado de forma conjunta en lo que va de campaña.
Tanto la asociación de envasadores ANIERAC como la de exportadores ASOLIVA, con el dictamen de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en contra de la aplicación de la norma como uno de sus pilares de decisión, se han manifestado contrarios a la aplicación de la misma. “Intervenir un mercado no es apretar un botón: si el diagnóstico es incompleto, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Una cosecha alta no es sinónimo de sobreoferta: hay que mirar consumo, exportación, existencias y precios”, señalaba Primitivo Fernández, director de ANIERAC, recientemente.
Lo que parece cada vez más claro es que la disparidad de criterios entre una y otra parte puede abocar, dependiendo de la postura final del Ministerio de Agricultura que pretende apurar al máximo las fechas para ver si los precios remontan, a que el asunto en cuestión llegue a los tribunales.
