
El aceite de oliva virgen español necesita mejores sistemas de catalogación y valoración que los vigentes o, al menos, otros que los complementen. Esta es una de ideas fuerza que recoge el informe sobre “Los falsos mitos sobre el aceite de oliva virgen español”, elaborado por la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC) y la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA). Ambas organizaciones reclaman medidas suplementarias como una cata oficial previa a su envasado y cuyos resultados tengan una vigencia legal de un año.
Según ambas organizaciones, de esta forma “se añadirían garantías a los consumidores y, a la vez, reduciría la inseguridad jurídica y la incertidumbre que conlleva un proceso tan subjetivo como el del análisis organoléptico”. En Anierac están presentes las principales envasadoras de aceites del mercado español, además de importantes grupos cooperativos como Jaencoop y Oleoestepa. En Asoliva, además de grandes envasadoras están también cooperativas como Oleoestepa, Conde Benalúa, Unió o Coselva.
Según Anierac y Asoliva, hay tres grandes falsos mitos en torno al aceite de oliva “fomentados por un método de categorización intrínsecamente subjetivo y estudios periódicos desmesurados, enturbian la imagen de uno de los emblemas de Marca España”. El primero de ellos sería el de la falsa creencia de que en los lineales de los supermercados se encuentra en ocasiones aceite de oliva falso. “No existe fraude -afirma tajantemente-, sino discrepancias de valoración subjetiva entre distintos paneles, aun siendo todos oficiales”.
Resulta esencial, apunta, que “la catalogación del aceite de oliva (virgen o virgen extra) se efectúe teniendo en cuenta conjuntamente todas las pruebas realizadas, las organolépticas y las fisicoquímicas. Estas últimas, que se realizan con equipos de alta precisión, “confirman continuamente que nuestros aceites de oliva son auténticos y genuinos, no se mezclan con otros de inferior calidad y, consecuentemente, cumplen al cien por cien los requerimientos de pureza y calidad que exige la normativa europea vigente”.
También está extendida, sin ninguna base real, la idea de que “los paneles de cata son infalibles”. Sin embargo, “reiterados estudios e investigaciones ponen en evidencia que «son habituales los casos en los que una misma muestra presenta diferencias en la clasificación, en función del panel de cata que la valore. Hasta el punto de que una misma muestra catada por el mismo panel oficial, pero en momentos distintos, puede ser clasificada de forma desigual”, asegura el informe.
El tercer mito, según el informe, tiene que ver con que “no hay alternativas al panel de cata. Desde luego, se está avanzado en metodologías científicas objetivas que acaben con estas incertidumbres o, cuanto menos, las palíen. Estas propuestas están orientadas a complementar y elevar el nivel técnico y la objetividad de los sistemas de clasificación de las categorías del aceite comercializado –y sobre todo del AOVE–.
Pero mientras, el sector unánimemente demanda a las administraciones una aplicación que ofrezca garantía jurídica a los operadores como sería el del sometimiento a los aceites de oliva vírgenes a una cata previa antes de su envasado y comercialización y que, en caso de ser apta, tenga una validez de 12 meses. De esta manera se obtendría una doble mejora:
1. Una garantía más sólida al consumidor que dispondría de aceites con procedencia de lotes catados por paneles oficiales en la distribución.
2. Una mayor seguridad jurídica a los operadores de la cadena de suministro pues gracias a la trazabilidad y cata previa podrían garantizar las buenas prácticas y calidad de los aceites a la hora de ser envasados.
“Esas desavenencias –indica el estudio de ANIERAC y ASOLIVA– por muy exiguas que sean no son baladíes, ya que las administraciones las sancionan económicamente. Una incertidumbre generalizada que se agrava en España dado que las competencias en esta materia las ostentan las comunidades autónomas. Estas diferencias se dan, por tanto, desde la calificación de la infracción hasta el régimen de sanciones aplicable”. Además aseguran que «los criterios de cata se diseñan en los despachos pensando más en los técnicos que en el público objetivo”.
Ante este trance, Anierac y Asoliva proponen a la Administración que se permita al operador que lo introduce en los canales de venta contar con un aval en su responsabilidad mediante “una cata oficial realizada al producto antes de su envasado, cuyos resultados deberían tener una vigencia legal de un año”. Durante este plazo de tiempo, indica, “se practicarían controles periódicos para verificar la autenticidad del producto distribuido: que el aceite en el mercado sea el mismo que en su día se analizó”. Así se mejoraría más, si cabe, la calidad al tiempo que se reforzaría la seguridad jurídica. “Sería una solución temporal porque esta como cualquier otra cata adolecería de los mismos defectos», concluye. La búsqueda de un método científico de evaluación preciso también es una prioridad.
Los paneles de cata vuelven así a estar en el centro del debate del sector. “Curiosamente, el aceite de oliva se ha convertido en uno de los alimentos más regulados y controlados en el ámbito de la Unión Europea. Hasta el punto de que es el único en su categoría que está sometido a un procedimiento jurídico obligatorio adicional, el examen organoléptico, para clasificar sus diferentes escalas comerciales. Un examen marcadamente subjetivo condicionado por las destrezas y los criterios y gustos de los integrantes de los paneles –un mínimo de ocho en cada uno–, así como por factores luminosos y ambientales”, asegura el informe.
Una respuesta a “Anierac y Asoliva piden medidas suplementarias como una cata oficial previa al envasado con una vigencia legal de un año”