Las advertencias y conclusiones conocidas recientemente por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la posibilidad de retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado para equilibrar los precios, han vuelto a separar a dos de los eslabones de la cadena oleícola más importantes: el sector productor, muy vinculado al mundo cooperativo, y el de las envasadoras. Aunque la frontera entre ambos es cada vez más diluída ya que grandes grupos cooperativos tienen ya un peso creciente en la comercialización envasada de aceites de oliva con marca e incluso están presentes en las asociaciones lideradas por las grandes envasadoras.
Cada parte ha expuesto ante el sector sus razones y argumentos con sendos comunicados. Estas son las claves de unos y otros.
ANIERAC Y ASOLIVA: envasadoras y exportadoras
ANIERAC y ASOLIVA consideran que la protección del aceite de oliva y de la rentabilidad de toda la cadena de valor exige una estrategia sectorial de largo plazo, basada en el crecimiento del consumo, la creación de demanda, la apertura y consolidación de mercados, la internacionalización, la competitividad y la generación de mayor valor añadido.
ANIERAC y ASOLIVA reiteran su compromiso con la estabilidad del sector del aceite de oliva, la sostenibilidad de la cadena de valor y la defensa del liderazgo internacional del aceite español. Asimismo, comparten el objetivo de proteger el equilibrio de la cadena de valor y garantizar remuneraciones justas para todos sus eslabones.
Ambas organizaciones comparten los argumentos de la CNMC, que señala en su informe que la “la retirada de producto constituye una restricción de la oferta susceptible de generar efectos muy negativos sobre la competencia, como incrementos de precios, reducción de incentivos para mejorar la calidad y la variedad de la oferta, y un mayor riesgo de coordinación entre operadores, con perjuicio a medio y largo plazo tanto para los consumidores como para otros eslabones de la cadena de valor (como distribuidores o comercializadores, o incluso operadores con planes de expansión de su actividad) y para la expansión de la actividad en mercados internacionales”.
“Intervenir un mercado no es apretar un botón: si el diagnóstico es incompleto, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Una cosecha alta no es sinónimo de sobreoferta: hay que mirar consumo, exportación, existencias y precios”, señala Primitivo Fernández, director de ANIERAC.
ANIERAC y ASOLIVA recuerdan que el aceite inmovilizado no desaparece del mercado por lo que la medida puede ser contraproducente y conlleva problemas para el sector al provocar costes financieros, logísticos (por el propio almacenamiento o los seguros) y de conservación extraordinarios mientras que se mantienen intactas las obligaciones de pago establecidas por la Ley de la Cadena Alimentaria.
Además, supone un riesgo para la competitividad del aceite de oliva español en el mercado internacional. En un entorno en el que los compradores valoran precio, disponibilidad y seguridad de suministro, España debe proteger tanto su producción como su capacidad de comercialización.
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS, ASAJA, COAG Y UPA
Por otra parte, las organizaciones ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, que representan al sector productor, pero también sobre todo en Cooperativas al sector transformador y comerciaizador de aceite de oliva, exigen al Ministerio de Agricultura la activación inmediata de la norma de comercialización del aceite de oliva.
Es Norma establece la regulación básica para la aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) nº 1308/2013, que está está avalada por la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea.
Las organizaciones consideran que la activación del mecanismo de regulación de la oferta constituye una herramienta fundamental para contribuir a estabilizar el mercado, evitar un mayor desplome de los precios y proteger la rentabilidad de miles de explotaciones olivareras.
Las cuatro organizaciones han remitido una carta al ministro de Agricultura en la que advierten de la necesidad urgente de activar los mecanismos de regulación de la oferta contemplados en la normativa, una vez conocidos los aforos de cosecha y las existencias de final de campaña, a partir del avance de las declaraciones de los operadores correspondientes al mes de septiembre.
El sector considera productor imprescindible que el Ministerio publique cuanto antes la Orden ministerial y la correspondiente resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, en la que se establezca el porcentaje de almacenamiento obligatorio que deberán aplicar las almazaras productoras de aceite de oliva.
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España alertan de la preocupante evolución del mercado del aceite de oliva, cuyas cotizaciones han registrado una tendencia descendente durante las últimas semanas.
Las cotizaciones actuales se encuentran por debajo de los costes de producción de la mayoría de las explotaciones de olivar, una situación especialmente preocupante tras el incremento registrado durante el último año en los costes de los insumos, la mano de obra y los carburantes.
Sin embargo, mientras no se publique la normativa que establezca la obligación de almacenamiento los operadores que produzcan y comercialicen la totalidad de su aceite antes de su entrada en vigor podrían quedar al margen de la medida, generando diferencias respecto a aquellos que inicien su actividad posteriormente.
Las organizaciones recuerdan, además, que la propuesta de Orden ministerial ya contempla mecanismos para ajustar las cantidades almacenadas a lo largo de la campaña.
De esta forma, una vez disponibles los datos definitivos de producción y existencias, se podría revisar a la baja el porcentaje inicialmente establecido y permitir la liberación al mercado de parte del aceite retenido, si las circunstancias así lo aconsejan.
Las cuatro organizaciones subrayan que no es admisible que los agricultores tengan que comercializar su producción por debajo de sus costes, comprometiendo la viabilidad económica de sus explotaciones y el futuro de un sector estratégico para numerosas zonas rurales españolas.
Este debate entre las distintas partes de la cadena de valor del sector oleícola se produce con la campaña 2026/2027 recién comenzada, con previsiones de cosecha a nivel nacional de 1,6 millones de toneladas gracias al fuerte crecimiento del volumen esperado en Jaén y Córdoba sobre todo, y con un escenario de precios en origen por debajo sensiblemente de los pagados el año pasado por estas fechas. Con el virgen extra coqueteando ya en el umbral de los 3 euros/litro tras baja más de 0,30 céntimos/litros desde la publicación del aforo de la Junta de Andalucía y el del Mapa a finales de septiembre.
